20 may. 2015

Derecho de Propiedad

Luo Baogen | Zhejiang Province | 2012


'Partido de la Propiedad Pública'

En 1949, tras la llegada al poder del Partido Comunista, en la recién nombrada República Popular China quedó abolido el concepto de propiedad privada. La ortodoxia del Partido dictaba que una ley que impulsa la propiedad privada es incompatible con el comunismo, por lo que el Gobierno Central tomó el control de la propiedad de las tierras para evitar que entes privados pudieran especular con ellas o beneficiarse económicamente de este suculento mercado.


Se definieron básicamente tres modelos de propiedad: la Propiedad Estatal o Pública, basada en el supuesto de que el Estado se encuentra en manos del pueblo trabajador y en la práctica es éste último a través del Estado quien controla los medios de producción; la Propiedad Privada, ya sea individual o familiar, que quedaba reducida a unos supuestos muy concretos y poco protegidos; y la Propiedad Colectiva o Cooperativa, que afectaba principalmente a las zonas rurales.


En China, todo el suelo localizado en zonas urbanas pertenece al Estado por ley, y aquel que se encuentra en zonas rurales o en las afueras de las ciudades es gestionado por organizaciones económicas colectivas administradas mediante cooperativas. Los campesinos tienen derecho a hacer uso del suelo y a disfrutar de ciertos beneficios de explotación, pero no a venderlo o desarrollarlo. Esta ley también permite al Gobierno adquirir terrenos rurales para uso público tras realizar una serie de compensaciones a sus ocupantes (siempre en condiciones muy desfavorables) y organizar su traslado a otras zonas en caso de que fuera necesario.


Llegados a este punto de la historia conviene recordar que la traducción del nombre del Partido Comunista de China es literalmente: 'Partido de la Propiedad Pública'.


Durante décadas en China cualquier persona podía ser propietario de su coche, de una empresa y de ciertos bienes tangibles, pero no del suelo sobre el que se asentaba su casa. La propiedad de los bienes raíces (casas, terrenos, fincas) se ejercía en régimen de usufructo. La ley permitía el uso y disfrute del mismo durante un período de entre 30 y 70 años (variable en función del régimen de explotación) debido a que el suelo pertenece en última instancia al Estado. A esta concesión temporal de los terrenos por parte del estado a usuarios particulares, cooperativas y empresas privadas le llamaron el 'land use right'.

Esta política de regulación del Derecho de Propiedad sigue aún vigente en nuestros días, aunque es cierto que ha evolucionado y en los últimos años se ha regularizado considerablemente. Eso sí, como ocurre casi siempre en un país tan complejo como la República Popular de China, los cambios, los ajustes y las correcciones se han ido produciendo muy poco a poco. De manera casi imperceptible.




'Evolución histórica del Derecho de Propiedad'

El desarrollo del Derecho de Propiedad sobre bienes raíces en China puede ser dividido en dos períodos. El primero estaría comprendido entre los años 1949 y 1978, donde el sector privado tuvo restringido el acceso a casi cualquier tipo de actividad económica. Durante estas tres décadas fueron empresas estatales las encargadas de gestionar el desarrollo de las tierras, principalmente en el medio rural ya que en ese momento la prioridad económica del PCCh era impulsar las reformas agrarias.


El segundo período va desde 1979 hasta nuestros días. A principios de los años 80 comenzaron las reformas económicas que trataban de sacar al país del agujero en el que había quedado estancado tras el 'Gran Salto Adelante' y la 'Revolución Cultural', y para ello hubo que ajustar las bases de las estrategias anteriores. Los cambios previstos se iniciaron con la descolectivización progresiva de la agricultura y la apertura del país a la inversión extranjera, afectando esta última únicamente a ciertos sectores estratégicos y siempre aplicada con cuentagotas. Cuando el país entró en la década de los 90 las consecuencias de estas políticas aperturistas empezaron a dar sus frutos, dando lugar al principio del auge económico del país.


A mediados de la década de los 90 el Gobierno comenzó a permitir y estimular de manera progresiva la entrada de capital privado en ciertos desarrollos urbanísticos cada vez de mayor escala. Las tierras seguían siendo de Propiedad Estatal pero la inversión necesaria para su explotación y desarrollo estaba también en manos de promotores privados, cada vez más necesarios dentro de esta compleja ecuación.


Comenzaban a verse los frutos del 'socialismo con características chinas', como lo bautizaron sus gobernantes.


De esta manera, el crecimiento económico y el desarrollo urbano de China inició un ascenso exponencial sin precedentes y el sistema adoptado hasta ese momento se volvió insuficiente para poder abordar todos los proyectos que comenzaron a llevarse a cabo en el país. El resurgir económico de una potente y cada vez más numerosa clase media y los movimientos migratorios de millones de campesinos hacia las ciudades de primer y segundo orden modificaron de manera drástica la velocidad de crecimiento de los desarrollos urbanos, y el modelo económico tuvo inevitablemente que liberalizarse cada vez más para inyectar capital privado y evitar así el colapso del sistema.


Y es en este preciso instante cuando comenzaron las expropiaciones masivas de terrenos agrícolas situados en las periferias de las ciudades y en multitud de zonas rurales, para poder asumir el crecimiento de las mismas con nuevos asentamientos industriales, residenciales, comerciales y cómo no, con las infraestructuras asociadas a los usos anteriormente descritos.


Y comenzaron las injusticias.



'El descontento popular'

Entre 1980 y 2003, se calcula que aproximadamente casi 7 millones de hectáreas de terreno agrícola fueron expropiadas a sus propietarios usufructuarios para destinar el suelo a promociones industriales e inmobiliarias. Tan sólo un 10% de la incalculable suma de dinero que fue asignada para cubrir las indemnizaciones, acabó en manos de los campesinos a los que les arrebataron unas tierras que, a efectos legales, nunca habían sido realmente de su propiedad. La especulación (y la corrupción inevitablemente asociada a este proceso) que se trató de evitar en un principio negando la existencia de la propiedad privada, continuó existiendo y fue acrecentándose cada vez más con los años.


Siempre hay alguien que se aprovecha de la situación y acaba beneficiándose de las fisuras existentes en cualquier sistema. Salvo que esta vez, los beneficiados no pertenecían al sector privado, sino al público. Y las fisuras crecieron a una velocidad tal que resultó imposible prever su límite de rotura.


Y todo comenzó a resquebrajarse.


Y llegó el descontento y el malestar popular.


Y comenzaron las protestas.


En el año 2005 hubo aproximadamente 90.000 manifestaciones registradas a lo largo y ancho del país. No está nada mal la cifra para un lugar donde las manifestaciones están totalmente prohibidas. Al menos un 65% de esas movilizaciones tuvieron como objetivo protestar contra las expropiaciones masivas llevadas a cabo por el PCCh para promover, junto a inversores privados, el desarrollo de áreas industriales o residenciales.


Esto comenzó a poner nerviosos a los líderes del Partido. La masacre de la Plaza de Tiananmén que tuvo lugar tan sólo 16 años antes estaba todavía fresca en las mentes de los dirigentes y nadie quería arriesgarse a que algo similar sucediese de nuevo. Una mala gestión de esta crisis podría desembocar en revueltas cada vez más difíciles de contener, colocando nuevamente a los mandamases del Partido entre la espada y la pared. Había que contener el descontento antes de que fuera demasiado tarde.


Uno de los grandes retos del Gobierno Chino es mantener a los ciudadanos relativamente felices. Unidos. Sin grietas. Cohesionados. Satisfechos en la medida de lo posible. Mientras el pueblo esté contento con las medidas adoptadas todo seguirá su curso de manera normal. Así que hubo que tomar decisiones rápidas antes de que aquello se descontrolase demasiado y el malestar inicial pudiese derivar en una oleada de movilizaciones con consecuencias imprevisibles.


Pero no resultó tan sencillo.


Teniendo en cuenta el desarrollo imparable del país resultaba del todo imposible cesar o reducir la política de expropiaciones. No había manera de detener la maquinaria que ya estaba en movimiento y sin tierras no era posible continuar con la necesaria expansión urbana. ¿Cuál era, en ese caso, la solución? ¿Cómo se podía regular lo que llevaba tantos años desregulado? ¿Dónde estaba la clave para seguir movilizando a campesinos sin que estos se vieran perjudicados y reutilizar acto seguido las tierras donde llevaban decenas de años asentados, en aras del desarrollo económico y urbanístico?


La respuesta no se hizo esperar: tan sólo había que dar a los afectados ciertas herramientas legales para evitar que se sintieran vulnerables ante los abusos. Tan sólo había que proteger e indemnizar de manera justa a aquellas personas que tuvieran que sufrir las consecuencias de la necesidad de crecimiento continuo. Tan sólo había que mantenerles relativamente satisfechos.


De esa manera, en el año 2007 y tras trece largos años de interminables debates dentro de las altas esferas del Partido, la Asamblea Nacional Popular decide reconocer por primera vez en su historia la propiedad privada y otorgar ciertos derechos a los campesinos por la explotación de tierras cedidas en usufructo. Entre los 247 artículos de los que consta la legislación, se estableció que todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, estaría a partir de ese instante protegida por la ley y nadie podría atentar contra ella.


Y en este caso ‘nadie’ quería decir literalmente ’nadie'.


Ni tan siquiera el propio Gobierno.


Todo continuaba igual, pero lo suficientemente diferente como para que el pueblo tuviera ciertos derechos adquiridos sobre sus ‘propiedades’. La tierra continuaba siendo propiedad del Estado, por supuesto. El Partido seguiría actuando como 'landlord', cediendo a los campesinos un derecho usufructuario para la explotación de tierras durante períodos limitados. La tierra, por tanto, podría seguir siendo expropiada o requisada "por interés público".


Pero compensando debidamente a los afectados.


A partir del año 2007 el Gobierno comenzó a pagar indemnizaciones por las tierras expropiadas, subsidios para el realojo y compensaciones por los enseres y las cosechas. La cuantía era diferente en cada caso particular, quedaba fijada en función del desarrollo económico de cada región y se dotaba a los ciudadanos de medios legales para evitar injusticias derivadas de los excesos provocados por ciertos sectores corruptos dentro de las autoridades locales.


Esto no supuso acabar con las expropiaciones masivas en el medio rural, pero sí que dejó menos margen al Gobierno para hacerlo a cualquier precio. A partir de entonces habría que pensar estrategias y hacer números. Habría que reflexionar un mínimo antes de tomar decisiones drásticas. Habría que estudiar cada caso y gestionar las cuantiosas indemnizaciones de manera cuidadosa.


Tras la aprobación de la Ley de Propiedad expropiar no iba a ser tarea fácil.


Porque a partir de ese día el pueblo dispondría de mecanismos y herramientas para protestar en caso de injusticias. Tendría derecho a hacerlo y lo más importante: contaría con un elemento de presión para atrincherarse, plantar cara, luchar y reclamar sus exigencias.


Y curiosamente, debido a ciertos caprichos del destino, ese elemento de presión y de poder no iba a ser otro que la propia arquitectura.


Pero esta fascinante parte de la historia la desarrollaremos como se merece en el siguiente texto de la saga.


Este artículo pertenece a una serie de dos textos destinados a explicar ciertos aspectos de la evolución del Derecho de Propiedad en China. Esta primera parte trata de ofrecer una breve perspectiva histórica del derecho a la Propiedad Privada en la era comunista, desde la fundación de la República Popular China en 1949 hasta nuestros días. En el siguiente texto hablaremos de las nail-houses, un fenómeno urbano que surgió tras la semi-regularización de la Propiedad Privada en 2007 y que utiliza la arquitectura como arma de presión popular para lograr mejorar las los paquetes de compensación ante expropiaciones estatales.

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